publicado por probonos.net
“Que los juzgados aprendan a hablar fácil”
Las personas con capacidades diferentes se encuentran con ciertas barreras a la hora de acceder a la justicia. Muchas veces el lenguaje excesivamente técnico, o los términos poco adaptados a la comprensión de los no expertos pueden resultar un problema. Por eso, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) ha querido recoger todas sus inquietudes en un informe titulado: “Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo valoran la falta de accesibilidad a la Justicia”.
Para la elaboración de este informe, la AEFT realizó varias dinámicas con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con la capacidad jurídica modificada, con el fin de identificar sus expectativas, dudas e inquietudes en relación al Proceso de Modificación de la Capacidad Jurídica (PMCJ), así como recoger sus reivindicaciones: “Que los juzgados aprendan a hablar fácil”.
Este informe está encuadrado dentro del proyecto “Derecho a decidir con apoyos”, y pretende favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad a la Justicia. Además, nace de la necesidad de reivindicar los artículos 12 –Igual reconocimiento de la persona ante la ley– y 13 –Acceso a la Justicia– de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006 y ratificada por España en 2008.
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) reivindica la necesidad de ajustar y adecuar los procedimientos a cada una de las personas. Asimismo, expone la necesidad de facilitar la accesibilidad y participación de estas personas en todos los procedimientos judiciales, y especialmente en el PMCJ ya que, según las palabras de Carlos Ganzenmüller, Fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Foro ‘Justicia y Discapacidad’ creado por el Consejo General del Poder Judicial: “En los procesos de modificación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el protagonista debe ser la propia persona, junto con sus capacidades, habilidades y posibilidades de inclusión social. Para conseguirlo, el derecho a la comunicación –ya sea directa o a través de facilitadores–, a la información accesible y comprensible conforme a sus necesidades y el derecho a asesorarse o defenderse –por profesionales del derecho especializados–, son elementos imprescindibles e irrenunciables”.
Con todo esto, y a fin de plantear mejoras en el PMCJ, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han participado en la elaboración del informe, reivindican la creación de tantos “trajes a medida” como sean necesarios para facilitar su participación y la accesibilidad en los procedimientos judiciales, además de que la información que se les proporciona, así como el lenguaje, sean accesibles en todo momento. También quieren que se tenga en cuenta su opinión, tanto en la valoración de su capacidad como en la determinación de los apoyos que precisan; y una mayor cercanía por parte del Juez y de los técnicos. Además, la mayoría cree que su sentencia no se ajusta a su realidad y piden que se preste mayor dedicación y tiempo a la valoración que se realiza en la asignación de los apoyos que precisan para el complemento de su capacidad jurídica.
